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Friday, 9 October 2026dailybeirut.com
Mundo
El reinicio del combate entre Addis Abeba y el TPLF pone en riesgo el acuerdo de Pretoria mientras Eritrea interviene militarmente.
La región etíope de Tigray ha vuelto a sumirse en una confrontación armada. El resurgimiento de los enfrentamientos entre las fuerzas federales y el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) amenaza con desestabilizar el pacto de paz firmado en 2022, generando una crisis que trasciende las fronteras nacionales.
Los combates se reanudaron el 23 de septiembre, acompañados de acusaciones cruzadas sobre quién provocó la escalada. Según información de Reuters, las tropas gubernamentales y sus aliados avanzaron hacia Mekele, recuperando su aeropuerto a principios de octubre y entrando en la ciudad el día 4, tras la retirada de los combatientes tigrayos. No obstante, la toma de la capital no puso fin a la violencia, ya que los choques persistieron en otras zonas del territorio.
Durante los días 7 y 8 de octubre, surgieron reportes de nuevos enfrentamientos y ataques con drones en varias localidades. Paralelamente, se documentó el cruce de la frontera por parte de unidades eritreas, que habrían ingresado en poblaciones como Adigrat e Idaga Hamas. La Associated Press citó a un comandante de la Fuerza de Paz de Tigray para confirmar estos movimientos, mientras que el proyecto ACLED registró bombardeos etíopes contra posiciones eritreas. Los medios no han podido verificar de forma independiente todos los detalles, y ambos gobiernos han evitado emitir confirmaciones oficiales exhaustivas.
El conflicto anterior concluyó con los Acuerdos de Pretoria en noviembre de 2022, bajo mediación de la Unión Africana. Sin embargo, dicho marco no resolvió disputas clave relacionadas con el desarme de las milicias tigrayas, la administración regional futura, el control del oeste de Tigray y el retorno de los desplazados internos. La situación se complicó aún más con la formación de una coalición opositora que integra al TPLF y otros seis grupos armados, incluyendo facciones de Amhara y Oromia, con el objetivo declarado de desafiar al gobierno del primer ministro Abiy Ahmed.
En respuesta, Addis Abeba insiste en completar el proceso de desarme y acusa a la alianza rebelde de socavar la estabilidad. La Unión Africana ha hecho un llamado a la moderación, reiterando que el acuerdo de Pretoria sigue siendo la base fundamental para alcanzar una paz duradera.
La presencia de tropas eritreas en suelo etíope eleva el temor a que la disputa interna derive en una guerra regional. Aunque Asmara luchó junto a Etiopía en el conflicto pasado, las relaciones bilaterales se deterioraron posteriormente debido a tensiones de seguridad y ambiciones geopolíticas, especialmente los intentos etíopes de obtener acceso al mar Rojo. A principios de octubre, la crisis diplomática alcanzó su punto máximo cuando Etiopía cerró su embajada en Asmara y expulsó a diez funcionarios eritreos; Eritrea respondió rompiendo totalmente las relaciones diplomáticas.
Previamente, el gobierno eritreo había acusado a Addis Abeba de planificar una agresión bajo el pretexto de "defensa propia", argumentando que las declaraciones de los líderes etíopes revelaban un deseo estratégico de establecer una posición costera en el mar Rojo.
El recrudecimiento en Tigray coincidió con un nuevo pico de tensión entre Etiopía y Egipto. A finales de septiembre, el jefe del ejército etíope, el mariscal Berhanu Jula, acusó a El Cairo, Jartum y Asmara de apoyar a grupos armados que combaten a las fuerzas federales. Etiopía no presentó pruebas públicas contundentes para respaldar estas afirmaciones, que fueron negadas categóricamente por los países señalados.
A inicios de octubre, Etiopía expulsó a un diplomático egipcio, medida que fue replicada por Egipto al retirar a un funcionario de la legación etíope. Este intercambio de expulsiones agudizó unas relaciones ya marcadas por la disputa sobre la Gran Presa del Renacimiento y los derechos hídricos del Nilo. El 1 de octubre, la Comisión de la Unión Africana instó a Etiopía, Egipto y Eritrea a ejercer la contención y evitar acciones retóricas o prácticas que incrementaran la hostilidad. Cuatro días después, la institución aclaró que su comunicado no pretendía atribuir responsabilidad alguna a los vecinos por los acontecimientos internos etíopes. Hasta la fecha, carecen de sustento probatorio independiente las acusaciones etíopes sobre apoyo militar egipcio al TPLF, por lo que deben considerarse alegatos políticos no verificados.
La reactivación de la guerra golpea a una zona que apenas comenzaba a recuperarse de los estragos del conflicto anterior, caracterizado por altas cifras de víctimas, desplazamiento masivo y colapso de servicios básicos. Informes de organismos internacionales y prensa advierten sobre el saqueo de almacenes de ayuda humanitaria, la interrupción de comunicaciones y servicios bancarios, así como dificultades críticas para entregar asistencia a la población civil. The Guardian publicó denuncias sobre reclutamiento forzoso de hombres y menores de edad para integrar filas de las fuerzas tigrayas.
Hasta este viernes 9 de octubre, la crisis permanece abierta a dos escenarios posibles: la continuación de los combates dentro de Etiopía pese a la recuperación de Mekele por parte del gobierno, o la expansión del conflicto si la intervención militar eritrea deriva en una confrontación directa entre Estados. En cualquiera de las hipótesis, la implementación efectiva de los acuerdos de Pretoria y el regreso al diálogo político constituyen la única vía viable para evitar una nueva guerra con devastadoras consecuencias humanitarias y regionales.
