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Guinea destituye a 479 funcionarios: ¿Qué ocurre en la frontera con Malí?
Guinea ha impuesto un veto a la minería ilegal de oro en la región fronteriza de Siguiri y ha destituido a 479 líderes locales, mientras el grupo terrorista JNIM consolida su presencia en el suroeste de Malí.

Guinea ha impuesto una prohibición a la minería ilegal de oro en la zona fronteriza de Siguiri y ha destituido a 479 líderes locales, al tiempo que el Grupo de Apoyo del Islam y los Musulmanes (JNIM) afianza su presencia en el suroeste de Malí.
Las autoridades guineanas han formulado cargos contra sospechosos vinculados a esta organización extremista.
Guinea ha lanzado una gran ofensiva contra la extracción ilegal de oro en Siguiri, la principal región aurífera. La operación se distingue por el despliegue permanente de fuerzas de seguridad, el despido de decenas de responsables locales y la expulsión de miles de mineros extranjeros hacia Malí.
Un comunicado emitido por cinco ministros guineanos reveló el despliegue permanente del ejército, la gendarmería, la policía, las aduanas y personal de protección ambiental. El texto mencionaba inspecciones en carreteras y ríos, además de verificaciones de identidad y permisos de residencia.
Estas medidas han derivado en sanciones administrativas. El ministro de Administración Territorial firmó un decreto para cesar a 479 jefes de distritos y barrios de la región, acusados de facilitar la minería ilegal de oro, causar deterioro medioambiental y "alojar y emplear a migrantes irregulares".
Estas decisiones han tenido repercusiones más allá de las fronteras. El cierre de los sitios de minería forzó la salida de los trabajadores extranjeros del sector aurífero.
Según el portal "Guinée 360", el Centro Financiero de Coordinación y Gestión de Crisis informó sobre un flujo de ciudadanos de diversas nacionalidades hacia Bamako, lo cual atribuye a las acciones tomadas por Guinea.
Esta migración poblacional ocurre en una zona que los investigadores consideran especialmente vulnerable.
De acuerdo con un estudio de la Fundación Konrad Adenauer titulado "A las puertas de Guinea", basado en 68 entrevistas realizadas en junio y julio de 2026, el JNIM adoptó en 2018 un plan de expansión hacia los países del Golfo de Guinea, estableciendo una presencia permanente en las regiones de Sikasso, Bougouni y Kolokoro.
Desde 2025, el grupo ha impuesto normativas claras, incluyendo el cobro de zakat (impuesto islámico) sobre el oro, el ganado y los cultivos.
El oro constituye el eje central de este proceso; el grupo extremista no controla directamente las minas de oro, sino que opera a través de aldeas y asociaciones que las gestionan.
Los informes indican que el grupo se queda con el 10% del oro de cada minero y, en ocasiones, hasta con el 50% de los beneficios de estas asociaciones. La frontera con Guinea, de aproximadamente 858 kilómetros de longitud, es descrita como fácilmente penetrable.
Este análisis coincide con los hechos legales comunicados por la propia Guinea. Según un comunicado de la Fiscalía de Conakri de marzo de 2026, las autoridades detuvieron a varios individuos sospechosos de pertenecer a redes terroristas y les formularon cargos.
Las investigaciones resultaron en el arresto de 11 personas en varias prefecturas. Entre ellos, fue detenido un ciudadano maliense en Kankan bajo la acusación de integrar una célula dormida del JNIM.
Según la Fiscalía, el acusado está vinculado a la organización y a redes de radicalización en línea. Ha confesado, según los reportes, su participación en secuestros por rescate, contribuyendo así al financiamiento de actividades terroristas.
Las autoridades también afirman haber identificado varios grupos con más de 500 miembros, entre ellos unos 40 guineanos.
Paralelamente, la ministra de Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología de Ghana, Zanetor Agyeman-Rolling, advirtió que el fracaso de su país para abordar decisivamente la minería ilegal podría exponer a la nación a acusaciones de complicidad con el extremismo violento.
En declaraciones del jueves, señaló que los ingresos de la minería ilegal parecen utilizarse para financiar el terrorismo y el extremismo violento en partes de la región del Sahel africano, instando a Ghana a actuar para evitar cualquier vínculo del país con dichas actividades.
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