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El presidente de la Cámara, Mike Johnson, justificó la redada en casa de Ilhan Omar argumentando que nadie está por encima de la ley.

Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes y republicano por Luisiana, fue interrogado este martes sobre la operación policial ejecutada por la administración Trump en el domicilio de la congresista demócrata Ilhan Omar. La consulta se centró en si dicha acción violaba las normas del Departamento de Justicia respecto a intervenciones cercanas a los comicios electorales.
Durante una entrevista con Dana Perino en Fox News, la presentadora cuestionó a Johnson sobre la naturaleza política de la medida. Le preguntó si podía comentar los detalles del caso o si le preocupaba la apariencia partidista de permitir esta actuación judicial justo antes de una elección.
Johnson respondió que fue informado de los hechos después de que ocurrieran. Afirmó que, dentro del sistema legal estadounidense, ningún individuo está exento del cumplimiento de la ley. Según sus declaraciones, la intervención formaba parte de una investigación prolongada que requería la aprobación de un juez federal para emitir la orden de registro.
El legislador sostuvo que las autoridades consideraron que las pruebas recopiladas justificaban la búsqueda. Por ello, insistió en la necesidad de reservar juicio y dejar que el proceso judicial siga su curso natural, separando la esfera legal de la política.
Aunque Johnson calificó el momento de la acción gubernamental como desafortunado para Omar u otras personas involucradas, reiteró que el sistema jurídico opera con autonomía frente al ámbito político. Esta postura contrasta con la tradición del Departamento de Justicia, que históricamente ha evitado realizar actos que pudieran influir en el electorado durante los 60 días previos a una votación.
Ilhan Omar condenó rápidamente la redada del lunes mediante una publicación en redes sociales. Describió el operativo como un intento de atacar a enemigos políticos y utilizar la aplicación federal de la ley como arma. La congresista denunció una escalada en lo que considera una campaña de intimidación política iniciada hace diez años por Donald Trump, basada según ella en mentiras infundadas y campañas de desprestigio.
Los informes indican que la indagatoria está vinculada a documentación migratoria completada por el padre de Omar, quien falleció posteriormente, cuando la legisladora era menor de edad. Este antecedente administrativo constituye el núcleo de la pesquisa que derivó en la ejecución de la orden judicial.



