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Libia avanza en la elaboración de una ley integral para abordar el caso de los desaparecidos desde 2011, tras un acuerdo alcanzado en una reunión en Túnez.
Las conversaciones patrocinadas por la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia han colocado nuevamente en primer plano la problemática de los desaparecidos desde 2011.
En una reunión celebrada en Túnez, que reunió a 27 representantes de instituciones estatales, organismos legales y organizaciones civiles, se logró un consenso sobre la necesidad de crear una ley integral que aborde este complejo asunto humanitario, estableciendo marcos claros para determinar el destino de los desaparecidos y proteger los derechos de sus familiares.
El diputado parlamentario Milud Al-Aswad señaló que de este encuentro surgió una "versión casi final" del nuevo proyecto de ley, que atenderá esta cuestión, considerada un desafío para la próxima autoridad en Libia.
El analista político libio Khaled Mohamed Al-Hijazi afirmó que el expediente de los desaparecidos en Libia ha dejado de ser un asunto exclusivamente humanitario o un reclamo aislado de derechos, transformándose gradualmente en uno de los temas políticos y éticos más delicados, capaz de redefinir el concepto mismo de legitimidad dentro del Estado libio.
Al-Hijazi explicó que en los últimos años la mayoría de los acuerdos políticos se basaron en balances de poder, reparto de influencia y cuotas entre las partes en conflicto, mientras que los casos de víctimas, desaparecidos y las instituciones colapsadas quedaron postergados bajo la excusa de priorizar la estabilidad. Sin embargo, la realidad actual es distinta, ya que la sociedad libia es más consciente de que cualquier autoridad que ignore el sufrimiento de miles de familias que aún buscan a sus hijos establece una legitimidad incompleta y frágil, sin importar el reconocimiento internacional o el apoyo externo que reciba.
El analista agregó que el tema de los desaparecidos ha superado las dimensiones administrativas y judiciales para convertirse en una prueba ética y política para el Estado, subrayando que la legitimidad de los regímenes en la etapa postbélica está vinculada de manera fundamental a la gestión de los procesos de justicia transicional.
Asimismo, Al-Hijazi consideró que las sociedades pueden superar las diferencias políticas, pero no olvidan a sus hijos, y afirmó que la cuestión de los desaparecidos constituye "la puerta obligatoria" para cualquier proyecto de poder que aspire a la continuidad y estabilidad en Libia.
Destacó que "lo más grave es que ignorar este expediente ya no es posible como antes, especialmente ante el aumento de las presiones locales e internacionales, la expansión de la actividad de las organizaciones de derechos humanos y el resurgimiento del debate sobre fosas comunes y violaciones ocurridas durante años de caos y división. Cualquier autoridad futura se enfrentará a una pregunta directa de la sociedad libia: ¿qué harán con el caso de los desaparecidos?".
Al-Hijazi concluyó que en la próxima etapa podría producirse un cambio significativo en los criterios de legitimidad política en Libia, ya que no bastará con poseer armas, controlar instituciones o contar con reconocimiento internacional, sino que la revelación de la verdad y la consecución de justicia formarán parte del nuevo contrato político entre el Estado y la sociedad.
En Libia no existen estadísticas oficiales sobre el número de desaparecidos, cuyas situaciones varían desde personas que desaparecieron en circunstancias inciertas, incluyendo activistas políticos y defensores de derechos humanos, hasta periodistas o víctimas de desastres naturales como el huracán Daniel que afectó la ciudad de Derna años atrás.
El analista político Ibrahim Aswiti consideró que el consenso alcanzado en Libia es realmente importante y podría obligar a cualquier futura autoridad a cumplir legal, política y éticamente con la obligación de esclarecer el destino de los desaparecidos, un asunto especialmente delicado dado que involucra a figuras políticas y de derechos humanos en un país dominado por milicias, particularmente en la región occidental.
Aswiti explicó que el actual gobierno de transición no está en condiciones de abrir este expediente, por lo que será una prioridad para la próxima autoridad, especialmente porque esta demanda se ha convertido en una exigencia popular, aun cuando no existan cifras oficiales sobre el número real de desaparecidos.
