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Un informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional alerta sobre el auge de redes de tráfico de cocaína desde África Occidental hacia Europa mediante rutas terrestres por Malí, Níger y Libia, que financian grupos armados y actores estatales.

Un informe internacional ha advertido sobre el creciente papel de las redes de tráfico de drogas en Libia y la región del Sahel africano, señalando que estas operaciones se han convertido en una fuente principal de financiación para los conflictos armados y en un factor clave para reforzar el poder de grupos armados y redes criminales transfronterizas. El documento subraya la necesidad de endurecer las sanciones contra dichas estructuras.
El informe, elaborado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, identifica un corredor terrestre que atraviesa Malí, Níger y Libia como uno de los principales canales para el traslado de cocaína desde África Occidental hacia los mercados europeos. Aunque la mayor parte de las cargas sigue moviéndose por vía marítima, esta vía terrestre conserva una relevancia crítica dentro del sistema global de tráfico.
Desde 2019, el tráfico de cocaína a través de África Occidental ha experimentado una expansión significativa. Según el informe, este aumento responde a múltiples factores simultáneos: el incremento de la producción en América Latina, el crecimiento de la demanda en Europa, el refuerzo de los controles sobre las rutas directas de contrabando y la mejora de las redes logísticas en África Occidental, lo que ha incentivado a los traficantes a ampliar su uso de corredores terrestres por el Sahel y Libia.
Las rutas de tráfico no son estáticas: su funcionamiento depende directamente de la distribución del control político y militar sobre el terreno. En períodos de relativa estabilidad, circulan cargamentos de gran volumen; en cambio, oleadas de violencia o cambios en las alianzas provocan ajustes en los trayectos y en la reconfiguración de las redes de protección. No obstante, tales alteraciones no interrumpen la actividad comercial.
A pesar de que las vías terrestres transportan cantidades menores que las marítimas, cumplen una función central en los conflictos locales. Proporcionan ingresos continuos a grupos armados, individuos vinculados a instituciones estatales y redes criminales altamente adaptables a los cambios en el entorno de seguridad y política.
El informe señala que los actores ligados al Estado siguen dominando los eslabones más rentables del comercio de cocaína en Malí, Níger y Libia. Asimismo, el transporte de grandes cargamentos requiere protección política explícita. Por su parte, los grupos armados participan principalmente en la custodia de caravanas y la vigilancia de rutas, recibiendo ingresos a cambio, sin asumir la dirección central de la actividad comercial.
El documento recomienda fortalecer la cooperación entre las agencias de aplicación de la ley de América Latina, África Occidental, el norte de África y Europa. Para ello propone ampliar el intercambio de inteligencia y coordinar operaciones conjuntas contra las redes transfronterizas, manteniendo activas las instancias regionales de colaboración pese a las transformaciones políticas ocurridas en la zona del Sahel.
También insta a aplicar sanciones dirigidas contra los principales traficantes y los facilitadores de sus actividades. Estas medidas deben incluir el congelamiento de activos, restricciones de viaje y acciones específicas contra intermediarios y financiadores, quienes constituyen una pieza fundamental del sistema de tráfico y lavado de dinero, más allá de los simples ejecutores del transporte físico de drogas.



