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Washington presiona a sus aliados en la OTAN para desmantelar la Corte Penal Internacional
Estados Unidos presiona a sus aliados de la OTAN para que se sumen a una campaña sistemática de desmantelamiento de la Corte Penal Internacional, profundizando las divisiones transatlánticas sobre el papel de las instituciones internacionales.

Estados Unidos presiona a sus aliados en la Alianza del Atlántico Norte «OTAN» para que se unan a una campaña destinada a desmantelar de forma sistemática la Corte Penal Internacional, en un paso que podría aumentar la tensión dentro del alianza occidental y profundizar las divisiones transatlánticas sobre el papel de las instituciones y reglas internacionales.
Durante una reunión cerrada de embajadores de los 32 países miembros de la OTAN, celebrada en Bruselas a mediados de julio pasado, el enviado estadounidense Matthew Wittaker solicitó a los países aliados tomar medidas para retirarse del Estatuto de Roma, el documento fundacional de la Corte Penal Internacional, según informaron tres fuentes diplomáticas del bloque.
Según las fuentes, Wittaker concluyó su intervención con un mensaje directo a los aliados, diciendo: «Estados Unidos vigilará de cerca a quienes se alinean con Estados Unidos».
Paralelamente a la reunión, la misión estadounidense ante la OTAN distribuyó un documento entre las delegaciones instando a los países miembros a adoptar acciones inmediatas para retirarse de la corte, afirmando que Estados Unidos tiene la intención de «desmantelar de forma sistemática las capacidades de la corte».
Además, Estados Unidos instó a sus aliados a evaluar lo que consideran una amenaza representada por la corte para sus países, condenar lo que describió como una expansión indebida de sus competencias, así como suspender cualquier apoyo financiero que les brinde.
Disensión sobre soberanía y derecho internacional
Esta campaña estadounidense forma parte de un movimiento más amplio emprendido por la administración del presidente Donald Trump contra varias instituciones internacionales que Washington considera que podrían limitar la libertad de acción de Estados Unidos.
El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio lanzó en julio una ofensiva contra la corte, acusándola de interferir en la soberanía estadounidense. Dijo que la corte y sus aliados están librando una guerra contra Estados Unidos mediante leyes, acuerdos y lo que calificó como un «derecho internacional supuesto».
La Corte Penal Internacional fue fundada en 2002 para juzgar a personas acusadas de cometer los crímenes internacionales más graves, incluida la genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
En 2020, la corte abrió una investigación sobre acusaciones relacionadas con crímenes de guerra cometidos por soldados estadounidenses en Afganistán, antes de reordenar sus prioridades de investigación al año siguiente. Desde entonces, ha recibido llamados para investigar ataques estadounidenses contra embarcaciones vinculadas a narcóticos en la región del Caribe.
División dentro de la OTAN
Las presiones estadounidenses llegan en un momento delicado para la OTAN, mientras crecen las diferencias entre Washington y varios aliados europeos sobre temas de seguridad y política.
Según las fuentes diplomáticas, la solicitud de Wittaker de retirarse de la corte generó reacciones negativas durante la reunión, ya que Francia y Holanda defendieron la corte y expresaron su oposición a la postura estadounidense.
Francia afirmó su firme compromiso de apoyar a la Corte Penal Internacional, mientras que Holanda destacó su apoyo total a la corte, que tiene su sede en La Haya.
La mayoría de los países de la OTAN son miembros de la Corte Penal Internacional, excepto Estados Unidos y Turquía, lo que hace cualquier movimiento colectivo en su contra una cuestión extremadamente sensible dentro del bloque.
Además, Estados Unidos elevó el nivel de presión, anunciando que realizará auditorías más estrictas sobre los países que se niegan a abandonar la corte, mientras que en el último mes impuso sanciones a altos funcionarios de algunos de ellos, incluida la presidenta de la corte, Tomoko Akane.
A cambio, la corte afirmó que continuará cumpliendo sus funciones con independencia e imparcialidad, conforme al Estatuto de Roma, a pesar de las presiones destinadas a obstaculizar su labor.
Este enfrentamiento refleja una nueva faceta del aumento de tensiones entre Estados Unidos y algunos de sus aliados europeos, en un momento en que Washington busca redefinir los roles de los países de la OTAN y compartir las cargas de defensa, dentro de una iniciativa conocida como «OTAN 3.0».
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