Los bancos ante el momento de la verdad

Después de aproximadamente siete años del estallido de la crisis financiera y bancaria en otoño de 2019, el Líbano entra en una etapa decisiva en su intento de reconstruir un sector bancario que ha perdido gran parte de su función tradicional, mientras los depósitos de los libaneses permanecen suspendidos, el crédito es limitado y la confianza entre el banco, el depositante y el Estado se encuentra en su nivel más bajo. En el centro de esta etapa se encuentra la ley de reforma y reorganización del sistema bancario, que representa un intento de establecer marcos legales para tratar con los bancos insolvables, determinar cuáles pueden continuar operando y cuáles necesitan recapitalización, fusión o incluso liquidación.

Pero hablar de esta ley después de siete años de espera requiere precisión. La ley número 23 fue publicada el 14 de agosto de 2025, antes de ser impugnada ante el Consejo Constitucional, y luego su archivo regresó al proceso legislativo mediante un proyecto para modificar varias de sus disposiciones. Durante julio de 2026, la Comisión de Hacienda y Presupuesto continuó examinando estas modificaciones en paralelo con el proyecto de ley de ordenamiento financiero y recuperación de depósitos. Es aquí donde aparece la imagen completa: el Líbano no necesita una sola ley, sino un sistema interconectado de reformas que defina el destino de los bancos, cómo abordar la brecha financiera, cómo distribuir las pérdidas y el camino realista para la recuperación de los depósitos.

La reestructuración de los bancos no es un proceso para salvar a los bancos tal como eran ni una fórmula automática para devolver los fondos de los depositantes. Su función principal consiste en distinguir entre instituciones viables y aquellas que no lo son, determinar sus necesidades de capital y reconstruir un sector capaz, en el futuro, de desempeñar su papel natural en la protección de los ahorros, el financiamiento de personas y empresas e inversiones.

El punto más sensible sigue siendo la distribución de las pérdidas derivadas del colapso. Desde 2019, se han entrelazado las responsabilidades del Estado, el Banco Central y los bancos dentro de un modelo financiero que acumuló distorsiones significativas, por lo tanto, no se puede construir una solución sostenible si se limita a trasladar pérdidas de un presupuesto a otro o cargarlas sobre una sola parte. Se requiere identificar las pérdidas con transparencia, asignar responsabilidades según la ley, respetar la jerarquía de derechos y proteger a los depositantes en la medida de lo posible, al mismo tiempo que se mantiene la viabilidad del Estado y del sector financiero.

Por eso surge la necesidad de separar la reestructuración bancaria de la ley de ordenamiento financiero y recuperación de depósitos. La primera aborda el estado de las instituciones bancarias, mientras que la segunda debería contribuir a resolver la brecha financiera y definir cómo tratar los derechos de los depositantes. Cualquier reforma de uno sin considerar al otro seguirá siendo incompleta.

El desafío no es solo legal. El éxito de cualquier ley depende de la independencia de las entidades encargadas de aplicarla, la transparencia en la evaluación de los activos bancarios, la prevención de conflictos de intereses, la rendición de cuentas cuando se demuestren infracciones y evitar el uso descontrolado de fondos públicos para salvar accionistas o administraciones por las consecuencias de sus propias decisiones. Por otro lado, no se puede construir un nuevo sector mediante decisiones que acaben con lo que queda de capacidad bancaria viable. Se requiere un equilibrio difícil entre justicia financiera y estabilidad económica.

Después de siete años, el costo del retraso se ha convertido en parte de la crisis. Cada año sin solución ha debilitado la confianza, retrasado la recuperación del crédito, la inversión y el crecimiento. Por ello, la importancia de la reestructuración no radica en ser un triunfo para el gobierno, los bancos o los depositantes, sino en su capacidad para establecer reglas claras que permitan a cada actor conocer sus derechos y responsabilidades.

El Líbano no necesita reproducir el sistema bancario anterior a 2019, sino un nuevo sector: más pequeño, mejor capitalizado, más transparente y regulado, capaz de financiar la economía real y recuperar gradualmente la confianza de los libaneses.

Después de siete años de gestión de la crisis, el momento de la verdad no está en aprobar la ley únicamente, sino en responder a la pregunta más difícil: ¿puede el Líbano distribuir las pérdidas con justicia, proteger los derechos, rendir cuentas y transformar el colapso en el inicio de una verdadera reforma?

Jo Rachal - Naba al-Watan