Declaración del Ministerio de Educación sobre la propuesta de promoción automática de los niveles transicionales

Emitió el Ministerio de Educación y Enseñanza Superior un comunicado sobre la propuesta de promoción automática de los niveles transicionales, en el que se afirma: "En respuesta a la propuesta de ley acelerada y repetida que busca promover automáticamente a los estudiantes al nivel superior, el Ministerio de Educación y Enseñanza Superior enfatiza que la protección del derecho de los estudiantes a la educación y su futuro pedagógico ha sido y seguirá siendo una prioridad fundamental. La solución a las consecuencias de las circunstancias excepcionales sobre la educación no puede basarse en una promoción formal, sino en garantizar que los estudiantes adquieran los conocimientos y competencias necesarias para tener éxito y continuar su trayectoria".

Continuó diciendo: "La promoción automática de todos los estudiantes, incluidos aquellos que no cumplen con los requisitos de avance, no resuelve la pérdida educativa; más bien, puede trasladarla hacia niveles superiores, dificultando su corrección posterior. Un estudiante que no ha adquirido competencias básicas en una etapa determinada las necesitará para comprender lo que se construirá en la siguiente. Además, la equidad y la igualdad de oportunidades no significan homogenizar resultados ni equiparar a estudiantes que cumplieron con los requisitos con otros que no los cumplieron, sino garantizar el derecho de todos al aprendizaje bajo criterios claros, ofrecer apoyo y recuperación a quienes lo necesiten, al tiempo que se preserva el valor del esfuerzo, la constancia y el logro académico de quienes sí alcanzaron las competencias requeridas".

La ministra señaló también: "Existe una contradicción fundamental en la propuesta misma: por un lado, reconoce que la promoción no exime de completar las competencias, pero por otro lado impone un programa de compensación del déficit y una evaluación diagnóstica, para luego prohibir que el resultado de esta evaluación influya en la promoción. Si la propuesta reconoce que algunos estudiantes no han adquirido ciertas competencias, entonces la medida pedagógica correcta comienza por identificar esas competencias y corregirlas, no por considerar la promoción al nivel superior como algo ya decidido de antemano", subrayando que "ha cumplido y continúa cumpliendo sus responsabilidades frente a las condiciones que afectaron el sector educativo, sin omitir ninguna medida necesaria para asegurar la continuidad de la enseñanza y el acceso a los estudiantes, en colaboración con el Centro Pedagógico de Investigación y Desarrollo y otras entidades educativas competentes. Asimismo, trabaja en la corrección del déficit educativo según principios científicos y pedagógicos que consideran las necesidades y niveles diversos de los estudiantes".

Agregó: "Por ello, cualquier fallo pedagógico no puede solucionarse sustituyendo la evaluación académica y pedagógica por una norma legal general que decida de antemano la promoción de todos los estudiantes, independientemente de si cumplen o no con los requisitos. El Parlamento ejerce sus facultades legislativas, mientras que la Constitución asigna la autoridad ejecutiva al Consejo de Ministros, y otorga a los ministros la gestión de los intereses del Estado y la aplicación de leyes y reglamentos dentro de sus respectivos ámbitos. En el ámbito educativo, la evaluación, la medición de competencias y la determinación del cumplimiento de los requisitos de promoción son cuestiones pedagógicas y técnicas que deben ser gestionadas por las entidades competentes conforme a las leyes y procedimientos vigentes. El éxito o el fracaso no son decisiones políticas, sino resultados de un proceso pedagógico y una evaluación académica que deben mantener su autenticidad y valor".

Dijo además: "La propuesta llega también después de que el año escolar ya haya comenzado, las calificaciones hayan sido fijadas, los estudiantes hayan sido registrados y distribuidos en sus clases, y las escuelas hayan establecido sus programas y planes educativos basados en esas calificaciones. Por tanto, reabrir las calificaciones y modificarlas retroactivamente causaría confusión entre estudiantes, familias y escuelas, obligando a redistribuir clases y ajustar programas después del inicio del curso. Este problema se agrava aún más para los estudiantes que siguen currículos educativos extranjeros, debido a las diferencias en la secuencia de competencias, contenidos, sistemas de evaluación, promoción y requisitos de certificación, así como las instituciones educativas asociadas, lo que hace que someter todos estos sistemas a una única regla de promoción automática, sin considerar la especificidad de cada uno, sea una medida pedagógicamente insostenible y que requiere atención especial. En cambio, la corrección del déficit de aprendizaje es una responsabilidad pedagógica que se basa en el diagnóstico, la recuperación, el apoyo y el fortalecimiento de las competencias fundamentales según las necesidades individuales de cada estudiante. Algunos estudiantes podrían necesitar apoyo limitado, mientras que otros requerirían un camino más largo para reconstruir sus competencias básicas; por tanto, no se puede reducir la solución de situaciones diversas a una única medida basada en la promoción generalizada".

Destacó también: "La necesidad de respetar la libertad de enseñanza y la particularidad de las instituciones educativas privadas, dentro de los marcos constitucionales, legales y reglamentarios vigentes, preservando así el nivel de enseñanza, los criterios de evaluación y promoción establecidos, especialmente después de que estas instituciones hayan completado sus procesos de evaluación, registro y distribución de estudiantes en clases".

Finalmente, el comunicado concluyó: "El Ministerio de Educación y Enseñanza Superior, consciente del alcance de las dificultades que enfrentaron los estudiantes y escuelas durante las circunstancias por las que atravesó el Líbano, afirma que continuará, en colaboración con el Centro Pedagógico de Investigación y Desarrollo y otras instituciones educativas pertinentes, cumpliendo plenamente sus responsabilidades en la corrección del déficit educativo y la implementación de programas adecuados de apoyo y adaptación, según principios científicos y pedagógicos que consideren las necesidades y niveles diversos de los estudiantes. Invita a que el interés del estudiante y su futuro pedagógico prevalezcan sobre cualquier otro considerando, y que constituyan el criterio principal y fundamental para cualquier enfoque o decisión relacionada con su trayectoria educativa, y que todas las autoridades y entidades involucradas colaboren para proteger su derecho a una educación de calidad y sólida. La responsabilidad nacional exige que el objetivo no sea simplemente pasar al estudiante de un aula a otra, sino capacitarlo para adquirir los conocimientos y competencias necesarias para tener éxito, continuar su camino y construir su futuro".