Líbano
Las comisiones de asistentes judiciales anunciaron un encierro y paro laboral, excepto el último día del plazo legal, tras el rechazo del Consejo de Estado al pago fraccionado de salarios. Se exige respeto a los derechos de los funcionarios.

Las comisiones de asistentes judiciales, sobre la base de datos recopilados por la Federación de Sectores Públicos (militares y civiles) y la Asociación de Funcionarios del Sector Público, de la que formamos parte, "anuncian el encierro mañana lunes y la suspensión del trabajo, excepto el último día del plazo legal, según los procedimientos establecidos".
En un comunicado, las comisiones señalaron que el encierro se produjo "tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros del pago fraccionado de las obligaciones financieras derivadas del efecto retroactivo para los funcionarios del sector público, después de que el Consejo de Estado emitió un dictamen en el que consideró no conforme este fraccionamiento, y a pesar de ello, la insistencia del ministro de Hacienda en justificar la falta de fondos para pagar las obligaciones de los funcionarios del sector público, cuando parece que los fondos están disponibles para los diputados y las entidades reguladoras. Nos preguntamos: ¿dónde están las prioridades? ¿Dónde está el respeto a los derechos del funcionario?"
Dijeron: "Llamamos a todos nuestros compañeros asistentes judiciales a cumplir plenamente esta decisión y a expresar una postura unificada y firme frente a la política de dilación y procrastinación que se ejerce contra los funcionarios del sector público. Instamos a los compañeros a prepararse para lo que viene después de la reunión de la Federación de Sectores Públicos el mismo día, y a adoptar las medidas escalonadas necesarias, hasta llegar a salir a la calle y defender con todos los medios legítimos nuestros derechos violados".
Concluyeron: "Hemos terminado la época de suplicar y la de pedir al funcionario su derecho como si fuera una merced o favor. Hemos terminado la era de aprobar decisiones a costa del funcionario mientras se abren las puertas del gasto para otros. Las obligaciones financieras no son una merced de nadie, sino un derecho adquirido que no puede ser fraccionado, dividido ni sometido a negociaciones políticas o administrativas. Quien crea que el asistente judicial permanecerá silencioso ante la injusticia, debe entender que el silencio ha terminado, el plazo ha finalizado y ha llegado la hora del enfrentamiento sindical, legal y de campo. A partir de hoy, los derechos se ejecutan o el escalonamiento continúa".



